Hoy,
14 de junio, iré a
juicio porque, junto a mis compañeras, queremos romper el silencio en Melilla.
Se me acusa de organizadora de
una protesta no comunicada en una zona de seguridad del estado: la
valla de Melilla. Como activista, fui identificada junto a otro miembro de
la Comisión de Observación de DDHH en Melilla en el trascurso de una acción con lectura de manifiesto de cierre de las II Jornadas de Frontera Sur – Melilla y Derechos Humanos. Juntos, sumamos 3.000€ de multa. Hoy es el primer juicio por este caso, uno entre tantos contra quienes buscamos romper el #SILENCIOenMELILLA.
En
junio de 2014, ante las constantes vulneraciones de Derechos Humanos
ocurridas en la Frontera Sur, un grupo de activistas, periodistas,
abogadas y defensoras de derechos humanos constituyeron una Comisión de Observación de DDHH en Melilla. Organizaron del 3 al 6 de julio las II Jornadas de Frontera Sur – Melilla y Derechos Humanos,
con la intención de dar apoyo a las organizaciones locales de
protección de los DDHH, visibilizar la situación ante la opinión pública
y elevar un informe a las Organizaciones Internacionales de Protección
de Derechos Humanos.
Dentro
del marco de estas jornadas se hicieron varias visitas a entidades que
trabajan los derechos Humanos en Melilla, entrevistas con personas que
estaban en ese momento en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes
(CETI) de Melilla, observación de la situación en diversos contextos y
se hicieron unas cuantas performances artísticas y acciones. A raíz de
este contacto directo con la realidad de la Frontera Sur se elaboró el Informe de la Comisión de Observadores de DDHH en Melilla (descargable aquí), que poco después se presentó al público y a la prensa y se facilitó al Sub-Comité de Prevención de la Tortura de la ONU, así como al Comité Europeo de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, dando lugar a la visita a la zona del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes unas semanas después de las jornadas.
El
5 de julio se realizó la lectura del manifiesto de cierre de las
jornadas junto a una performance en la valla de Melilla, en una zona
cercana al CETI y al famoso campo de golf de los militares. Este formato
de rueda de prensa y lectura de manifiesto no sólo atrajo a la prensa,
sino a la omnipresente Guardia Civil, que acabó identificando a dos
personas: al abogado que se ofreció a mediar con las fuerzas de
seguridad y a mí, como comunicadora, que estaba haciendo streaming en directo de
la acción.
Al
cabo de unos meses, abogado y comunicadora descubrimos que teníamos una
multa de 1.500€ cada una, supuestamente como organizadoras de una
protesta no comunicada en un entorno de alta seguridad del estado. El Informe de la Comisión de Observadores de DDHH en Melilla nos ha costado, pues, 3.000€.
Entendemos esta sanción como una medida de presión para que siga imperando el silencio en Melilla.
